07/08/2019

¿POR QUÉ OPTARON POR LA VIOLENCIA LOS LÍDERES SECESIONISTAS CATALANES EL 1/10/17?

1616CC28-74CF-4D6C-80FB-FEC36495BD25.jpeg*En Cataluña podía haber habido un referéndum legal para consultar sobre el deseo de los ciudadanos respecto a la autodeterminación. Y no sólo legal sino pacífico. Y no sólo pacífico sino incluso pagado por el Estado. No había necesidad de que los líderes catalanistas hubieran dispuesto de partidas económicas no presupuestadas (hecho que puede constituir delito de malversación de caudales públicos). Pero sobre todo, no había necesidad de ningún tipo de violencia. Siendo así, ¿por qué los líderes catalanistas decidieron y se esforzaron en que se provocaran cargas policiales el día 1 de octubre de 2017?

67CD2712-701F-4816-A8E6-E6B7253E6D7F.jpegLa Constitución española garantiza los derechos a todos los españoles. El principal de los partidos que lidera el grupo de los separatistas lo sabe muy bien porque votó y recomendó votar que sí a la aprobación de la Constitución. Se tata de lo que en aquel tiempo (1978) era La Coalición Convergència i Unió, (rota no hace mucho precisamente por el separatismo) uno de cuyos representantes, Miquel Roca Junyent es llamado Padre de la Constitución porque fue uno de sus redactores. Por tanto, jamás ha habido imposición de la Constitución a ese grupo político que ahora se queja de la Norma Fundamental.

Según la Constitución, las Comunidades Autónomas (ni Cataluña ni ninguna otra) no tienen competencia para convocar refrendos. Eso es competencia exclusiva del Estado. Por otro lado, el Estado no tiene competencia para convocar un referéndum vinculante para la segregación de una parte del territorio nacional. La Constitución española señala que la nación española es indisoluble e indivisible y señala también que las decisiones políticas de especial importancia pueden ser sometidas por el gobierno a referéndum CONSULTIVO de TODOS los ciudadanos.

17389001-8D04-4393-A3E9-75AC6EFD6A2A.jpegPor tanto, Cataluña no tiene competencia para convocar un referéndum y ni siquiera el Gobierno central tiene competencia para convocar un referéndum vinculante sobre la segregación de Cataluña en el que sólo voten los ciudadanos catalanes. Aunque quisiera, el Gobierno central no tiene competencia para decidirlo. Ello por tres razones diferentes. No puede hacerlo; ni por la segregación del territorio ni por el carácter vinculante ni por el hecho de que no participen a todos los ciudadanos.

Esto era y es algo absolutamente evidente, tanto para las instituciones catalanas como para el Gobierno central, tal como se puede constatar en la adenda legal que sigue a estas explicaciones. Y lo fue también, como no podía ser de otra manera, para el tribunal Constitucional y para la magistrada instructora e la causa penal, quien ordenó “impedir el referéndum sin alterar la convivencia” (fuente, entre otras, periódico ELDIARIO.ES, 1/10/2017).

3448B9C3-3E6D-408A-BBFF-E601E8C6DC45.jpegSin embargo, las autoridades catalanas podían perfectamente someter a debate en el Parlamento nacional, que para eso está, la posibilidad de convocar un referéndum consultivo a los españoles sobre la conveniencia de modificar la Constitución y otorgar el derecho de autodeterminación a Cataluña. Después de los debates podía resultar que se considerara por la mayoría del Parlamento que sí o que no. Pero eso se llama DEMOCRACIA. Eso significa someterse a la decisión de la mayoría en el Parlamento. Incluso fue precisamente ésta la vía legal seguida por el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, años atrás, el Sr Ibarretxe. Y no pasó nada. Ni causas penales ni cargas policiales ni fractura social. No pasó nada porque era perfectamente legal. Aún más. Era muy probable que dada la composición de fuerzas políticas del Parlamento en aquel tiempo, los separatistas catalanes hubiesen conseguido ese referéndum consultivo de todos los españoles. Habría bastado, entonces con fijarse en los resultados obtenidos en Cataluña y sólo con eso ya dispondrían de los datos que deseaban conocer.

F2F5DE0F-6522-40EA-8211-2F77B1B426C4.jpegPero no lo hicieron así porque eso implicaría partir de la base de que Cataluña era una Comunidad Autónoma de España y que por tanto sus instituciones son Estado español. PERO ESO ES LO QUE ERA Y LO QUE ES, POR VOLUNTAD TAMBIÉN DE LOS CATALANES. Sin embargo los líderes catalanistas prefirieron presentarse ante sus electores y ante el mundo como un Estado existente pero no reconocido y sometido a represión por España, pretendiéndose sólo una especie de reconocimiento internacional de algo preexistente (fuentes periódico el País, 9/6/17, Tribuna, “El referéndum que no figuraba en el Programa electoral “ y “Programa Electoral de Junts Pel Sí” de septiembre de 2015,). La monstruosidad de esa mentira puede apreciarla cualquiera que vaya a Cataluña y mire. Entonces se dará cuenta de quiénes son los sometidos, cuántos son. por quién lo son y cómo lo son.

No obstante esa evidencia y las prohibiciones que se dictaron en vía gubernamental y en vía judicial, (fuente, entre otras, periódico El Confidencial, 27/9/17, “La Jueza ordena impedir el uso de cualquier edifico Público para el 1-O”) las autoridades catalanas separatistas decidieron actuar en contra de la ley. Convocaron y llevaron a cabo un referéndum que no era permitido ni permisible, para el que no habían fondos legalmente asignados y respecto al cual se había anunciado la decisión de impedirlo y el envío de contingentes policiales a tal fin.

353161BF-75A7-46DB-9FDE-81BDCB170E2C.jpegEsto era conocido en Cataluña (fuentes periódico el Español, 15/9/17, “Traslado masivo de Policía y Guardia Civil a Cataluña para intentar parar el 1-O”; periódico El Confidencial 7/9/17, “Interior Moviliza a los Antidisturbios para Proteger los Edificios Públicos del Estado en Cataluña”). Ello hasta el punto que se prohibió la entrada del barco que iba a servir de precario alojamiento a los policías en puertos de titularidad autonómica y se les pusieron otras numerosas trabas, de manera que las fuerzas del orden se convirtieron casi en apátridas en su propio país. El estudio de esta innecesaria, inhumana e injusta humillación, por quienes se autopregonan paladines de la libertad y de los derechos humanos, será objeto de otro artículo.

1FB310C0-887E-46E7-9F55-AEC5A572B619.jpegUna vez conocido que llegarían a Cataluña fuerzas policiales para impedir el referéndum y fuerzas antidisturbios, los líderes separatistas instaron a la ciudadanía a disponerse como escudos humanos para evitar su actuación (fuentes, entre otras, periódico Vozpopópuli, 28/9/17; “La CUP Llama a Movilizarse ante los Colegios para Proteger las Urnas el 1-O”, periódico Libertad Digital, 28/9/18, “El presidente de la ANC (Asamblea Nacional Catalana) Llama a la Insumisión ante los Tribunales”; informativo Huffington Post, 26/9/17, “Los Payeses Catalanes Llaman a defender las urnas del 1-O con sus Tractores”; periódico OKdiario, 28/9/17 “La ANC (asamblea Nacional Catalana) quiere utilizar 25.000 voluntarios como escudos humanos para evitar que la Policía Retire las Urnas”. Resulta curioso cómo todos los titulares emplean el verbo “llamar” para relatar lo sucedido.
Tal estrategia de aparecer como víctimas para ganar apoyo internacional había sido ya anunciada con anterioridad por Oriol Junqueras. Existe documentación audiovisual que lo acredita.

672B6C32-A0D6-423F-AB28-982EFC82ACEF.jpegEsto significa dos cosas. Por un lado que quienes incitaron a oponerse a la actuación policial provocaban violencia y disturbios porque la policía y los antidisturbios tenían órdenes legítimas de llevar a cabo su cometido. Pero también significa, que, sin perjuicio de lo que puedan determinar las instancias judiciales, parece como si se hubiesen cometido delitos quizá desórdenes públicos cuando persiguen en bandada acometiendo a las fuerza policiales (ejemplo en Sant Carles Ràpita, https://www.youtube.com/watch?v=YavxVasqEmg; en Mont-roig https://www.youtube.com/watch?v=GJCk5EQK5ik), pero en todo caso de resistencia a agentes de la autoridad, para los que los incitadores serían inductores, como se detalla en la adenda legal.

Como se decía, la finalidad era provocar la imagen de una población sometida y vejada por la policía. Sin embargo, una vez provocada la violencia por los separatistas, el uso de la fuerza policial fue proporcionada. De ello hay constancia en imágenes en las que las fuerzas policiales se retiran, que no hacen nada a quien no impide su labor e incluso que un guardia civil ayuda a salir de la zona de conflicto a un niño que estaba en hombros de quien parece ser su padre en Sant Julià de Ramis (youtube; https://www.youtube.com/watch?v=Ts3CQ4emqDw). Los policías enjuiciados por denuncia de abuso policial han sido absueltos (fuentes Huffpost, 25/7/18, Lérida, en cuya sentencia se considera que, incluso, puede haber alguna responsabilidad del denunciante, por la Ley de Seguridad Ciudadana, Diari Més, 6/8/18 Lérida, Diari Més, l’Aldea, 18/9/18 etc).

A67EF200-078A-4C34-9E9F-0064FCF0DB51.pngPara conseguir el buscado fin de ofrecer una imagen de brutalidad policial se hizo referencia en los medios e comunicación a cientos de lesionados, de cuya existencia por abuso policial no hay ninguna constancia. Para acreditarlo hubiese bastado con exhibir los partes médicos pero no se ha hecho. Los antidisturbios actúan, cumpliendo órdenes y utilizando una fuerza proporcional a la situación, si no se obedecen las órdenes de la policía de desalojar un lugar o de deponer una actitud.

Al no haber constancia de abuso policial, se manipularon fotografías de otros incidentes de policías, lugares y hasta países diferentes, para que se atribuyera a los policías y guardias civiles intervinientes una actuación desproporcionada. Estas falsedades fueron detectadas por varios periodistas de diversos medios de comunicación, especialmente franceses. (fuente, Agencia EFE, París, 3/10/17 “Le Monde Alerta de la Difusión de Imágenes Falsas en Internet el 1-O”, El Periódico de Cataluña, 6/10/17, “El Órdago Independentista. Le Monde afea las Imágenes Trampososas del Referéndum”.

E9B64479-4242-4127-A117-D5845604343A.jpegEn definitiva, ¿por qué se pidió a los ciudadanos que actuaran como escudos humanos y que obstaculizaran la labor policial, sabiendo que actuarían los antidisturbios? ¿Por qué se utilizó a los ciudadanos como carne de cañón? ¿Sólo para exportar una imagen de ataque policial? Eso parece. Quienes lo decidieron sabrán la razón. En cualquier caso, cuando unos pocos años antes, el 15/6/11, se había impedido la entrada al Parlamento catalán por los llamados “Ciudadanos indignados” (fuente la Vanguardia 15/6/11), las autoridades catalanas no sólo ordenaron la actuación de los policías antidisturbios sino que incluso el Parlamento Catalán y la Generalidad se personaron como acusación particular en la causa penal contra los manifestantes, pidiendo para ellos 3 años de prisión (fuente La Vanguardia 3/6/13).

Si un padre envía a la guerra a un niño, hijo suyo; y el pequeño muere, quien lo ha matado no ha sido un soldado sino su padre. De la misma manera, quienes actuaron violentamente el 1 de octubre de 2017 fueron quienes enviaron a los ciudadanos a enfrentarse a la policía y quienes consintieron en hacerlo y lo hicieron.


ADENDA LEGAL


No caben refrendos para cuestiones no previstas en la Constitución.
- Art. 92.3 Const “Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución”.
- Los de decisiones políticas trascendentes son consultivos, no decisorios. Art 92.1 Const; “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”
- Art 6 L.O. 2/1980 de Referéndum; “El referéndum consultivo previsto en el artículo noventa y dos de la Constitución requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno. Dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta.”
La convocatoria de referéndum es competencia exclusiva del Estado. No la tienen las Comunidades Autónomas.
Art 149. 1 32. Const. “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: ... 32 - Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.”

La Constitución prohíbe la secesión
Art. 2 Const.; “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”

La oposición a la actuación policial es delito de resistencia a agentes de la autoridad.
Art. 556 Código penal
Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

Si la oposición a la policía es grave o hay acometimiento, es delito de atentado
Art. 550 Código penal
“1- Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.
2- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
3- No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial”

La actuación de agresión por una colectividad a las fuerzas del orden constituye delito de desórdenes públicos
Art. 557 Código penal
“1- Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión.
Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.
2- Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.”

La provocación seguida de resultado, es inducción
Art 18 Código penal
“La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.
Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea.
Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción.”

*Daniel, membre du Comité de Direction de Catalunya peuple d’Espagne (CPDE)

04/08/2019

À nouveau, un haut cadre de l’Université de Genève (UNIGE) en soutien aux putschistes !

B7C86453-4CB0-41E7-9FF7-7C6AE992FABB.jpegOn a encore en mémoire l’implication, contre généreuse rétribution, au profit de l’appareil séparatiste catalan du professeur Nicolas Levrat, de l’Université de Genève (UNIGE).  À présent, c’est son collègue le professeur Mathieu Crettenand qui sort  du bois. Combien a-t-il été payé pour établir un rapport orienté et partisan ? Nous ne le savons pas encore. Un e-mail lui a été adressé, dans ce sens, en date du 12 juillet 2019, à 17:02. Nous attendons toujours sa réponse. Vous trouverez copie de cette missive à la fin de cet écrit. 

21A99CBA-B3C7-4DCF-9C8C-530D143A3F8A.jpegMais revenons sur quelques points du rapport Crettenand, repris ce jour, sur le blog en
ligne « L’1DEX » que l’avocat et notaire Stéphane Riand - une particularité valaisanne. Il l’a fondé en 2011 pour son épouse catalane séparatiste Béatrice Riand dont la relation avec l’appareil séparatiste catalan - en particulier avec l’ANC de Gérone (E) - n’est plus à plus à démontrer. Les Twits pullulent sur les réseaux.

En aparté, la question posée au sein de la communauté Twitter, avec de plus en plus d’insistances, est quels sont les liens entre le couple Riand et l’alias suprémaciste « Gabriel Laflèche » ? Celui-ci qui n’a pas le courage d’assumer avec sa véritable identité ses propos haineux et ses appels à l’affrontement. L’alias « Gabriel Laflèche » est publié et encouragé sur le chemin de la provocation par le « rédacteur » Riand dans « L’1DEX ».

 

Ci-après, nos premiers commentaires du rapport Crettenand : 

1) Monsieur Crettenand mentionne d’emblée et à deux reprises avec le terme « référendum ». Hors nous savons qu’il n’y a pas eu référendum en bonne et due forme mais mise en scène dans le cadre d’une opération de guerre de la communication. Il est à déplorer qu’elle a plutôt bien réussi; 

2) Selon le professeur, tout a commencé en octobre 2017 avec des urnes arrivées de Perpignan et des violences policières. Il ne se pose pas même sur la légitimité que les urnes arrivent de l’Occitane voisine. Ni ne fait cas des violences organisées par les leaders séparatistes qui furent bien réelles. Par ailleurs, tout à commencé au minimum par la tentative de coup d’État des 6 et 7 septembre de la même année;

http://leblogdefrancoismeylan.blog.24heures.ch/archive/2019/07/29/comprendre-la-tentative-de-coup-d-etat-en-catalogne-867758.html

3) Dans son analyse, Crettenand invoque l’application de l’article 155 de la Constitution - l’équivalent de l’art. 37 de la Constitution allemande est le me - comme une volonté de vouloir reprendre le contrôle politique de la Catalogne. Ce n’est que peu connaître la réalité du terrain que d’écrire cela. Le contrôle de l’autonomie catalane n’a jamais été perdu. Pour preuve, la majorité sociale est toujours restée non indépendantiste; 

4) On lit dans son rapport : « Jusqu’à présent, lors des auditions des prévenus et premiers témoins, tout montre que les intérêts de Barcelone et Madrid sont inconciliables. » C’est affligeant ! Premièrement, Barcelone n’est pas indépendantiste. Madrid n’est que la ville où siège le gouvernement espagnol mais l’Espagne est composée de 17 autonomies. Toutes avec un degré d’autonomie propre et renégociable périodiquement. On le voit l’Espagne est un ensemble et on ne parle pas, dans le cas d’espèce, d’un Clasico de foot Réal Madrid - FC Barcelona. On est en droit d’attendre une analyse plus fine de la part d’un professeur de l’Université de Genève (UNIGE);

5) Il ne précise pas non plus qui est l’International Trial Watch (ITW) derrière qui on trouve le lobbyiste de la Carrer de la Diputació 276 de Barcelone Òmnium Cultural qu’il écrit dans son rapport : Omnium Cultura;

6) Crettenand explique que le fait que le jugement se fasse à Madrid - Tribunal suprême - et non à Barcelone démontre également la nature politique du procès. Quel argument farfelu... Doit-on rappeler que la plus haute cour de justice en Suisse se trouve à Lausanne ? Est-ce que cela voudrait dire qu’un cas survenu à Bâle deviendrait automatiquement politique parce qu’il est jugé par le Tribunal fédéral de Lausanne, en dernière instance ?

7) Le professeur écrit aussi : « Sceptique par rapport au développement du modèle fédéraliste, le pouvoir central s’arrime fermement à la Constitution pour maintenir unie les identités nationales composant l’Espagne. » Monsieur Crettenand semble ignorer que la décentralisation de l’Espagne n’a rien à envier à la Suisse. Que l’éducation est même plus décentralisée en Espagne qu’en Suisse. Que le premier accepte des formations politiques qui seraient interdites partout en Europe.

François Meylan

——

CATALOGNE. L’OPINION D’UN OBSERVATEUR SUISSE AU SUJET DU PROCES DES PRISONNIERS POLITIQUES A MADRID

 

(PAR DR. MATHIEU CRETTENAND, UNIVERSITE DE GENEVE)

 

Rapport d’observation du procès

3 JOURS D’OBSERVATIONS : 26, 27 ET 28 FÉVRIER 2019

Titre : Le procès sur le référendum marque les limites pour l’indépendantisme catalan

Tout a commencé en octobre 2017 avec l’entrée d’urnes de vote depuis Perpignan pour le referendum
sur l’indépendance de la Catalogne. Le jour du referendum, on se rappellera des scènes de violences
proches des locaux de vote, où la police espagnole a tenté par la force d’empêcher la tenue de la
consultation catalane. On se remémora également, l’application de l’article 155 de la Constitution
espagnole par le gouvernement de Madrid pour reprendre le contrôle politique de la Catalogne.
Depuis le 12 février, à Madrid, le Tribunal suprême est le théâtre d’un huis clos haletant sur les libertés
politiques et civiles en Espagne. En effet, la plus haute institution judiciaire du pays accueille le « procès
du siècle » contre des leaders indépendantistes catalans, qui revient sur ces événements qui ont
changé la Catalogne. Il devrait durer trois mois.

Ayant eu l’opportunité de suivre ce moment historique en intégrant la délégation d’observateurs
internationaux organisée par International Trial Watch, ce procès constitue l’épilogue de l’organisation,
en 2017, d’un référendum sur l’indépendance de la Catalogne. Il démontre de manière explicite et très
détaillée, la difficulté des autorités espagnoles à mener des discussions institutionnelles sur la question
de l’autodétermination des régions. Même si la troisième semaine du procès, avec les auditions de
l’ancien président du gouvernement, Mariano Rajoy et de plusieurs de ses ministres, ont permis de
relativiser le délit de rébellion, l’avenir politique de l’indépendantisme se joue indubitablement ces
prochaines semaines à Madrid.

Placés en détention depuis plus d’un an pour la majorité, les accusés doivent faire face à des demandes
de peines sévères du parquet – entre 7 et 25 ans de prison – pour des délits de rébellion, de sédition
et de malversation financière. Confronté aux faits reprochés, plus proche de la désobéissance civile
que de la rébellion, nombre de voix s’indignent de la tenue d’un procès hautement politique. En effet,
tous les ingrédients sont présents pour donner à ce procès un caractère exceptionnel. Premièrement,
le fait que les accusés soient des hommes et femmes bénéficiant d’une grande notoriété en Catalogne,
pour la plupart d’anciens membres de l’exécutif régional. Ensuite, par le fait que ce procès se joue à
Madrid et non en Catalogne, avec la présence surprenante du parti populiste émergent de Vox dans
l’accusation populaire. Enfin, par le contenu des auditions, où se confrontent des éléments éminemment
politiques relatifs aux négociations sur le droit à décider de la Catalogne.

Aux côtés des observateurs internationaux et de la presse, on remarque également la présence de
politiciens dans le public, notamment des députés nationaux, régionaux et européens, et la présence,
parfois, du président de la Catalogne, Quim Torra.

Jusqu’à présent, lors des auditions des prévenus et des premiers témoins, tout montre que les intérêts
de Barcelone et de Madrid sont irréconciliables. Le parquet s’efforce à construire le portrait de femmes
et hommes politiques déterminés à déstabiliser l’Espagne, et qui ont utilisé l’organisation du
Referendum, pour mobiliser la foule contre le pouvoir central et les forces de l’ordre. Si l’on peut avoir
des doutes sur la pouvoir de conviction de l’accusation sur ces points, elle a réussi à renforcer la figure
de leader pour la liberté, à l’image de Jordi Cuixart, ancien président de Omnium Cultura, qui a déclarer
que son « premier objectif n’est plus de sortir de prison, mai de défendre la liberté d’expression, la
liberté et la démocratie. » Il a terminé son interrogatoire, en réitérant le « No pasarán !», poème
d’Apel·les Mestres , qu’il avait utilisé dans une manifestation peu avant le jour du Referendum.
Par sa déclaration, il a réussi à inscrire, dans ce procès, la revendication du droit fondamental à
manifester.

Durant le procès, le juge Manuel Marchena Gómez s’efforce de garantir un équilibre entre les droits de
l’accusation et de la défense. Plutôt bienveillant avec les accusés (dans ce cas Jordi Cuixart et Carmen
Forcadell), il se montre, par contre, très stricte avec les témoignages qui visent à revenir à l’essence
politique du procès sur le droit à l’autodétermination. A l’approche des élections générales en Espagne,
le juge Marchena essaie à tout prix de ne pas faire de ce procès une vitrine politique pour
l’indépendantisme.

Pourtant, force est de constater la nature politique du procès contre les dirigeants indépendantistes. La
« bulle juridique » que représente la scène du Tribunal suprême ne doit pas faire oublier la question la
culture politique sur la question de l’autodétermination des régions en Espagne, en mettant en exergue
le paradoxe que la Monarchie espagnole reconnait dans sa constitution l’existence de « nationalités
historiques » mais nie leur droit à l’autodétermination. En effet, les gouvernements espagnols successifs
se sont opposés à la mise en place de schémas de consultation permettant aux citoyens basques et
catalans de décider de leur avenir politique. Ces interdictions légales (Plan Ibarretxe/modication du
statut d’autonomie catalan) et par la force amènent de nombreuses tensions identitaires et politiques. Il
s’agit, à priori, de politiques antidémocratiques où la force empêchent la tenue de consultations
d’autodétermination.

Historiquement, les gouvernements espagnols, dans sa lutte contre les séparatismes, l’Espagne s’est
évertuée à délégitimer le conflit des Basques pour l’autodétermination en vertu de la lutte contre le
terrorisme. Le Pays Basque a ainsi, constitué, une sorte de laboratoire répressif, au niveau policier et
de la justice, dont les nationalistes catalans en font actuellement l’expérience. Ainsi, au début des
années 2000, il faut se rappeler que plusieurs organisations politiques et sociales ainsi que certains
médias basques ont été accusés et régulièrement condamnés pour des liens avec l’ETA.
La législation antiterroriste espagnole a amené des restrictions aux droits démocratiques. En effet,
depuis 1998, la lutte contre le terrorisme de l’organisation ETA a conduit la justice espagnole à
entreprendre des procédures pénales à l’encontre de nombreuses organisations partisanes du projet
nationaliste en vue de les interdire.

Force est de constater que la suspension de l’autonomie de la Catalogne par le Gouvernement,
conformément à l’article 155 de la Constitution espagnole et le procès contre les dirigeants
indépendantistes catalans, n’est qu’un exemple supplémentaire de la judiciarisation de la politique dans
le pays. Cet élan criminalisant est renforcé dans l’arène médiatique dans laquelle s’opposent les
différents agents politiques et sociaux. D’une manière générale en Espagne, sur les questions
identitaires, la presse a plutôt tendance à jeter de l’huile sur le feu. L’exemple du conflit basque –
confirmé aujourd’hui par la crise catalane -, montre que le discours politique contamine fortement celui
de la presse. Ainsi, nombre de journaux «espagnolistes» contribue à criminaliser les mouvements
nationalistes. Placer les dirigeants en prison et organiser des procès contribuent à la « criminalisation »
de ces mouvements aux yeux de l’opinion public. Les médias accentuent cette perception.
En Espagne, ce qui surprend, ce n’est pas tant la ferveur indépendantiste en Catalogne ou au Pays
Basque, mais bien le manque de pragmatisme du gouvernement espagnol face au défi séparatiste.
Sceptique par rapport au développement du modèle fédéraliste, le pouvoir central s’arrime fermement
à la Constitution comme unique formule pour maintenir unie les identités nationales composant
l’Espagne. L’argument est identique lors de chaque nouvel emballement nationaliste : le risque de
morcellement de l’Espagne. S’ensuit une stérilité du débat politico-médiatique sur cette question,
opposant des rhétoriques déjà amplement connues.

Ainsi, sur les questions identitaires, l’Espagne a beaucoup de mal à mener des débats institutionnels,
ouverts et pacifiques. Même si le juge Marchena tente désespérément de limiter la portée politique du
procés, cette fragilité démocratique caractéristique de l’Espagne remplit de sa présence le Tribunal
suprême. Pourtant, d’autres perspectives politiques telles que l’approche britannique avec les questions
écossaise ou irlandaise, ou encore le Brexit montrent différentes manières dont les Etats peuvent gérer
les demandes indépendantistes. Quel que soit l’issue du procès, étant donné les rapports de force
politiques actuels en Catalogne et au Pays Basque, l’Espagne semble condamner à faire face aux
mêmes défis.

—-

Mon e-mail du 12 juillet 2019

Monsieur Crettenand,

Nous avons appris que vous êtes impliqués au profit de l’InterTrialWatch (ITW) - lobby derrière lequel on trouve l’appareil séparatiste Òmnium Cultural.

Pour notre part, enregistré en Suisse avec siège à Lausanne, nous enquêtons, avec le concours de la majorité sociale catalane, sur la tentative de coup d’État des 6 et 7 septembre 2017.

Sur les événements qui l’ont précédée et sur les conséquences aujourd’hui notables pour la population de l’autonomie catalane qui semble être durablement déchirée.

Aussi votre engagement auprès de l’appareil séparatiste catalan dont certaines de ses composantes agissent en dehors des lois et des règlements nous a surpris.

Nous prenons la liberté de vous questionner, à la fois, sur vos motivations que sur l’ampleur de votre rémunération pour ce mandat, le cas échéant.

Nous tenons également à vous informer que le présent échange ainsi que vos éléments de réponse seront à disposition du public.

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions de croire, Monsieur Crettenand, en l’expression de notre plus parfaite considération.


François Meylan
Pour le Comité
Catalunya peuple d’Espagne (CPDE)
Lausanne
Suisse

29/07/2019

Comprendre la tentative de coup d’État en Catalogne avec Teresa Freixes...

BC90372A-E940-4721-8CDC-7B810604C4B0.jpegPublié en espagnol sous le titre “Recordando las leyes del golpe”. Teresa Freixes. El Mundo, 16 juillet 2019.

Au mois de septembre 2017 nous avons assisté à ce que j’appelle les « Séances plénières de la honte » au Parlement de Catalogne. Les 6 et 7 septembre, sans respect pour le règlement intérieur du Parlement régional catalan, le Statut d’Autonomie [de la Catalogne], la Constitution espagnole et le Droit international, le rouleau compresseur sécessionniste du Parlement de Catalogne a approuvé lesdites Lois de déconnection. Tout cela cadre parfaitement avec la théorie de Kelsen sur le coup d’État, quand il affirme que celui-ci ne se produit pas toujours au moyen d’un soulèvement armé impliquant le recours à la force, mais qu’il peut aussi avoir lieu quand l’ordre juridico-constitutionnel est remplacé illégalement par un autre sans tenir compte des procédures établies. C’est ce qui s’est produit en Catalogne avec l’approbation de deux lois destinées à rompre avec l’ordre constitutionnel espagnol.

Ils ont commencé par une modification du règlement intérieur parlementaire qui avait pour but d’empêcher les partis de l’opposition non sécessionniste d’introduire des amendements ou de discuter le texte qui modifiait la procédure d’adoption des lois, violant ainsi ―comme la Cour constitutionnelle l’a constaté par la suite― les droits des députés, ceux-ci se trouvant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qui sont les leurs dans tout système démocratique.

Le 6 septembre 2017 fut approuvée la Loi du référendum d’autodétermination. Elle ne respectait pas les normes constitutionnelles et internationales. Le Droit international exige, et la Commission de Venise l’établit ainsi dans son Code de Bonnes Pratiques, que tout référendum soit prévu par la Constitution et qu’une loi soit édictée pour le réguler, au minimum un an avant sa tenue. Dans le cas qui nous occupe, un tel référendum n’est pas prévu par la Constitution, et la loi qui visait à le réguler, anticonstitutionnelle, fut approuvée quelques semaines seulement avant la réalisation de la consultation, qui eut lieu le 1er octobre de cette même année.

Il faut rappeler que le Droit international reconnaît le droit à l’autodétermination dans les processus de décolonisation et celui de sécession lorsqu’il s’agit de territoires dans lesquels vivent des minorités asservies, souffrant de graves violations des droits de l’homme. Aucun de ces deux cas n’est applicable à la Catalogne, comme cela a été affirmé par les Nations Unies elles-mêmes à plusieurs reprises. En outre, la Loi ne garantissait pas la neutralité des autorités convoquant le référendum, comme il est exigé dans ce genre de procédures mais, tout au contraire, le Gouvernement catalan fut totalement belligérant, allant jusqu’à faire pression sur ses fonctionnaires s’ils ne contribuaient pas à la réalisation du référendum illégal. La Loi ne prévoyait pas de recensement ni ne précisait la méthode de l’élaboration du registre électoral, ce qui est pourtant essentiel pour connaître qui sont exactement les titulaires du droit au vote et pour que les citoyens puissent vérifier que leurs données de recensement sont correctes. De plus, les bureaux de vote ne furent pas organisés avec les garanties nécessaires pour assurer la neutralité des élections.

La Loi prétendait déclarer unilatéralement une indépendance express par majorité simple des suffrages exprimés à sa faveur, quand la Commission de Venise, dans un avis rendu sur le Monténégro en 2005 et repris à propos de la Crimée en 2014, considère comme nécessaire que, lorsque les référendums touchent aux structures constitutionnelles d’un pays dans leur fondement, ils requièrent de larges majorités d’électeurs par rapport au recensement et de larges majorités de suffrages affirmatifs, car il s’agit de décisions qualitatives importantes.

Le 7 septembre 2017 fut votée, selon la même technique de la procédure express, la Loi de transition juridique et fondatrice de la république. Cette loi était conçue pour détruire l’ordre constitutionnel de 1978. Ils tentèrent avec cela de faire croire que par cette loi de transition, on passerait d’une loi à une autre loi, c’est-à-dire que la Constitution et les lois espagnoles cesseraient « légalement » de s’appliquer, ainsi que le Statut d’Autonomie de Catalogne lui-même, pour être remplacées tout aussi « légalement » par des lois catalanes.

Formellement, cette Loi de Transition disait que la Constitution, le Statut d’Autonomie et toute la législation qui pouvait être considéré comme contraire à celle qui découlait du nouveau régime, ne seraient plus applicables en Catalogne. Dans la perspective de la prochaine adoption d’une constitution catalane, il était également stipulé que, jusqu’à ce que celle-ci entre en vigueur, on appliquerait les dispositions qui, en matière de droits, existent dans la Constitution espagnole et le Statut d’Autonomie de Catalogne, à condition, bien entendu, qu’elles ne soient pas contraires à la nouvelle légalité catalane. En réalité, la soi-disant Loi sur la transition juridique n’est autre que l’installation de l’anticonstitutionnalité comme s’il s’agissait d’un régime légal.

L’attribution de la nationalité, institution juridique fondamentale dans la création de tout État, s’inspirait des règles des républiques baltes, qui ont causé tant de discriminations aux minorités qui n’étaient pas nationales du pays lorsque ces territoires proclamèrent leur indépendance. Cette Loi contient des règlements génériques qui ont besoin d’un certain développement pour aborder les critères concrets (pas uniquement filiation et résidence) qu’il faudrait remplir pour obtenir la nationalité catalane. On craint que ces critères ne se basent sur des principes suprémacistes, d’après ce qui est apparu dans les rapports du Conseil pour la Transition Nationale [organe qui apportait une assistance technique dans l’élaboration des normes de rupture avec l’Espagne]. Soit dit en passant, ils oublient qu’aucun État ne peut attribuer de façon unilatérale la double nationalité sans l’accord du pays correspondant.

L’intégration des fonctionnaires était régulée suivant la même technique : on édicte des orientations générales dans cette loi, et on laisse tout le reste dans le flou pour un développement ultérieur, en promettant la fidélité à ces principes dans le nouveau régime. Sur le plan fiscal, la Generalitat de Catalogne devenait la seule administration habilitée à percevoir les impôts, rompant avec le système fiscal espagnol.

À propos des organes politiques, il était établi un règlement à l’usage des principales institutions, sur un modèle parlementaire : président/e de la Generalitat comme chef de l’État, Gouvernement et Parlement, avec la particularité d’intégrer le Syndicat électoral (président d’une espèce de conseil électoral) au sein du Parlement lui-même, avec le statut de vice-président, rompant ainsi avec la nécessaire indépendance fonctionnelle de cet organe de contrôle. Aucune Cour Constitutionnelle n’était prévue.

Ils prétendaient également s’assurer le contrôle du pouvoir judiciaire, en transformant en Cour Suprême la Haute Cour de Justice de Catalogne, avec un président nommé par le Président de la Generalitat et un procureur nommé par le Parlement. La Loi prévoyait aussi l’amnistie pour tous ceux qui avaient été poursuivis, jugés ou condamnés pour des faits en rapport avec le processus d’indépendance de la Catalogne, même en cas de condamnation définitive.

Comme il s’agissait d’une loi transitoire, elle mettait en place une assemblée constituante bolivarienne, précédée d’un processus participatif dont le résultat engagerait les députés constituants. La Constitution devait être ratifiée par un référendum pour lequel n’était établi ni taux minimum de participation, ni pourcentage requis de bulletins affirmatifs. Dans cette Loi était créé un Syndicat électoral, équivalent à un Bureau électoral, ayant en charge de contrôler tous les événements électoraux : élections, référendums, consultations, etc. Et tout cela fut mis en branle, avec l’aide de personnes proches de la majorité parlementaire sécessionniste (qui démissionnèrent ensuite à cause des sanctions économiques auxquelles elles furent soumises).

C’est ainsi qu’on arriva à la consultation controversée du 1er octobre et à la proclamation d’indépendance par le Parlement de Catalogne, puis à l’application de l’article 155 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a décidé de suspendre les lois catalanes, puis les a déclarées définitivement inconstitutionnelles et, par conséquent, nulles et non avenues.

Malgré cela, les autorités sécessionnistes insistèrent sur la mise à exécution des mesures conduisant à l’indépendance. Certaines de ces personnes ont fui la justice, et d’autres font actuellement l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour suprême, l’Audience Nationale et plusieurs tribunaux, selon l’implication et le statut juridique de chacune d’entre elles. Suite à un procès qui a été retransmis à la télévision et a eu une grande répercussion médiatique, nous sommes maintenant dans l’attende de la décision de la Cour suprême et de l’évolution du reste de la procédure.

Teresa Freixes est professeure de Droit Constitutionnel, titulaire d’une chaire Jean Monnet ad personam et Secrétaire générale de l’Académie Royale Européenne de Docteurs.