11/04/2019

De ce côté de la loi !

14F9649C-23BD-4163-9B2F-8BB979EE397F.jpeg*Buenos días y bienvenidos otro día más a este lado de la ley.

**Hoy es uno de aquellos días en que me embarga la indignación y el mosqueo. Hoy he leído un artículo donde informaban cómo quieren sancionar a mi compañero del cuerpo de Mossos d’Esquadra, el MOZO Octavi de la BRIMO, por decirle a un agente rural la república no existe idiota.

He de recordar que el agente rural al que le dijo mi compañero Octavi la palabra que es motivo de sanción, “idiota”, está sometido a un régimen disciplinario como funcionario de la Generalitat que establece como infracción muy grave el ir uniformado fuera de su servicio habitual.

Yo me pregunto si el jefe de ese agente rural, el Director General de Agentes Rurales, también le ha abierto expediente a ese funcionario por pulular fuera de servicio con su uniforme de trabajo.

Por cierto, como curiosidad os diré que el actual Director de Agentes Rurales, el señor Marc Costa Trachsel, ex Mosso d’Esquadra al que le crearon a medida esa plaza de 82.000 euros al año (es decir, 6.900 euros mensuales), debe ser otro alto funcionario del gobierno catalán al que España le roba.

Pues, según informa un periódico digital, resulta queeste ex Mosso d’Esquadra de Ripoll al que colocaron a dedo como Director de Agentes Rurales trabajaba,como no puede ser de otra manera, en la Asamblea Nacional Catalana antes de que le dieran el puestecito al mando del ejército armado de los agentes rurales.

También como curiosidad contaros que Costa Trachselestuvo al mando de su ejército mientras se aplicaba el Artículo 155 y al mismo tiempo se mofaba a través sus redes sociales del Ministro Zoido y de toda la cúpula del Ministerio del Interior Español.

Todo ello se pasó por alto con el Artículo 155. También se pasó por alto que de este sujeto reclamara la formación de un ejército catalán. Pero a la Jueza Lamela no pasó por alto la actuación de este funcionario de la Generalitat de Cataluña

La jueza Lamela pidió que Costa Trachsel, que quería mantener el Golpe de Estado catalán, fuera investigado por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre y finalmente fue investigado por delito de desobediencia por parte de los juzgados de Vic.

También me pregunto si el Consejero de Interior, el honorable Miguel Buch, actualmente también ha abierto expediente al bombero que estaba al lado de Octavipor vestir su uniforme de trabajo fuera de su servicio habitual, o si ha abierto un expediente disciplinario a la Mossa d’Esquadra Alejandra que durante el día del Butifarrèndum ilegal filtraba con su móvil personal, a través de su cuenta de WhatsApp, dónde estaban alojados los compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ellos fueron los compañeros que vinieron a cumplir la orden dada por la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para evitar el referéndum ilegal organizado por los políticos catalanes.

Me pregunto también si, al igual que expedientan a mi compañero Octavi por la palabra idiota”, van a expedientar al mosso d’esquadra que la semana pasada declaró en el Tribunal Supremo por haber sido identificado el día del Butifarrèndum”, por haber insultado en su puesto de trabajo y uniformado a miembros de la Guardia Civil.

¡Ah, vaya lo olvidaba! no es valorado de la misma manera que el insulto sea proferido por parte de un funcionario indepe a que lo haga cualquier otro funcionario que no exprese esa ideología política, como es su deber. Olvidaba también el detalle importante de que la ley no es igual para todos y que el rasero de la libertad de expresión de los mossosindepes es diferente a los de los constitucionalistas leales a las leyes vigentes y a las resoluciones judiciales.

En el Artículo 11 de la Ley de Policía de la Generalitat(Principios de Actuación) se indica que: “En cuanto a la dedicación profesional, los miembros del Cuerpo de «Mossos d’Esquadra» llevarán a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier momento y lugar, se hallen o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana”. Es decir, que mossos d’esquadra deben actuar como tal 24 horas del día. Pero este Principio de Actuación, ya os informo que sólo es aplicable a aquellos mossosdesleales con este régimen dictatorial del nazionalismo" independentista y leales no sólo a España sino a la legislación vigente. Por el contrario, todos los mossos afines a la línea ideológica del Govern de la Generalitat de Cataluña tienen barra libre y tolerancia total con su libertad de expresión y libertad de actuación fuera de servicio.

Hemos de recordar que el honorable Conseller de Interior Buch está actualmente investigado por delitos de malversación y prevaricación por parte de la Fiscalía de Cataluña. Esa investigación viene derivada de una denuncia presentada por ofrecer un puesto como asesor al sargento Lluís Escolà con un sueldo aparejado de 76.000 euros (como premio por haber ayudado a fugarse al presunto delincuente y ex presidente Carles Puigdemont). Pero en realidad el sargento Lluis Escolà se dedicaba poco a asesorar y mucho a escoltar al fugado de la justicia española a costa del erario público, Así se le acabó el chollo a Lluís Escolà, sargento de los mossos d’esquadra que, además de esto, a través de Twitter se reía abiertamente de sus condición de asesor y confesaba que lo que verdaderamente estaba haciendo era acompañar al fugado de la justicia española Carles Puigdemont, (actividad que recuerdo está prohibida por el Estado Español).

Al igual que la señora mossa d’esquadra Alejandra puede tranquilamente filtrar por su WhatsApp los alojamientos de la policía estatal, el mosso AlbertDonaire i Malagelada (niñato youtuber y portavoz del movimiento “Mossos per la Independència” ligado a la ANC) puede insultar a la Guardia Civil, mientras es perfectamente identificado por ellos, sin ninguna consecuencia, y despotricar tranquilamente de las instituciones españolas sin que le afecte nada que tenga que ver con la neutralidad política. Mientras que a través de sus redes sociales sube toda clase de evidencias gráficas de cómo vota fuera de servicio a favor del “Butifarrèndum ilegal, el mismo Butifarrèndumque el Tribunal Superior de Justicia ordenaba a los policías, que lo evitasen, identificasen a los organizadores y retiraran las urnas (recordemos aquí sobre el Artículo 11 de la Ley de Policía de la Generalitat: Principios de Actuación…)

Una gracia tremenda cuando el director general de policía me contesta a mi denuncia interna, que votar no es delito.

Este sujeto olvida que, nosotros no somos ciudadanos normales y corrientes sino, funcionarios, sujetos a un régimen disciplinarios que ellos, aplican a su libre albedrío, en función de a quien les interesa barrer y machacar o, a quien le tienen que poner un sueldo de asesor o de director general de agentes rurales.

Aquí tienes tu premio o tu castigo en función de la ideología política del agente policial.

Y luego hablan de la cobardía de los mozos de escuadra que nos queremos ir de este cuerpo policial. Que ya no aguantamos más. La dejación de funciones del gobierno estatal durante 40 años no debe hacer de nosotros y nuestras familias mártires y víctimas de una situación en la que el gobierno no ha ejecutado el obligado cumplimiento de la supervisión de las competencias transferidas a esta comunidad desde siempre desleal.

Pedimos el desarrollo de la disposición adicional 4 vigente desde el año 2015 en la Ley de Personal del Cuerpo Nacional de Policía que nos permitiría salir de este infierno de cuerpo policial y al que tenemos derecho y que el legislador español, tiene obligación.

*Testimonio de una policía catalana - Témoignage d’une policière catalane 

** Photo : Barcelona, FM

05/04/2019

Catalogne, un procès dans les règles de l’art pour la démocratie !

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Entrevue exclusive avec Nicolas Klein...
 
FM : Le procès des auteurs de la tentative de coup d’État au sein de la Catalogne à l’automne 2017 (et qui a commencé à Madrid le 12 février dernier) est télévisé et retransmis en direct. Pourquoi ?

Nicolas Klein : La raison en est simple : il s’agit du procès le plus attendu en Espagne depuis celui des auteurs de la tentative de coup d’État militaire du 21 février 1983. Les anciens responsables de la Généralité de Catalogne qui se retrouvent aujourd’hui sur le banc des accusés ont en effet tenté de fracturer l’Espagne en déclarant illégalement (et contre l’avis d’une majorité de la population régionale) l’indépendance d’une communauté autonome. Si cette tentative avait porté ses fruits, le séisme aurait été considérable en Espagne et aurait eu des répercussions colossales sur tous les plans.

Par ailleurs, il s’agit aussi pour l’Espagne de montrer à l’ensemble de ses citoyens (notamment aux séparatistes) et au monde entier qu’elle n’a rien à cacher en la matière et que sa justice agit en toute transparence.

B32FE306-B51E-47F6-BCC4-2A00225A92BA.jpegFM : A-t-on une idée de sa durée ?

Nicolas Klein : En théorie, le procès est censé durer jusqu’à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. En réalité, nul ne sait si ce délai sera respecté car il s’agit d’un jugement complexe, qui nécessite de très nombreux témoignages d’acteurs plus ou moins célèbres de la crise (l’ancien président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a par exemple été invité à témoigner dans ce cadre) et qui va mobiliser la Cour suprême et les médias pendant plusieurs semaines encore.

De plus, la Semaine sainte arrive à grands pas et il s’agit d’une période festive très importante en Espagne, ce qui pourrait donc retarder les conclusions du procès en raison des nombreux jours fériés à venir.

1A849A6F-10C5-4A68-929E-8414D6BC4C5B.jpegFM : Ce procès a déjà révélé comment et à quel prix les inculpés ont « acheté » des observateurs internationaux censés être neutres lors du référendum illégal du 1eroctobre 2017. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Nicolas Klein : Dans le cadre de l’organisation du référendum indépendantiste illégal du 1er octobre 2017, la Généralité de Catalogne a demandé à des « observateurs internationaux » de superviser le scrutin (ce qui ne l’a nullement empêché d’être entaché d’un grand nombre d’irrégularités et de fraudes). La Commission de Venise et l’OSCE, deux organisations chargées de valider les élections et votations en Europe, n’ayant pas reconnu la légitimité de ce référendum, les « observateurs » en question ont été directement embauché par les autorités régionales.

Lors de son témoignage devant la Cour suprême espagnole, le 27 mars dernier, la responsable de ces douze « observateurs », Helena Catt, a reconnu que ce groupe d’« experts » avait été payé par le gouvernement catalan (115 000 euros en tout, dont 8 000 euros directement pour elle).

Une telle façon de procéder jette évidemment le trouble sur les possibles conclusions d’un semblable groupe d’« observateurs ». Étrangement, Catt a affirmé devant les magistrats de la Cour suprême ne pas se souvenir des événements de la journée du 1er octobre 2017…

21E03904-D6A4-465D-AB9F-867EA32E203A.jpegFM : Peut-on dire que ce procès est conduit de manière exemplaire et si oui, pourquoi ?

Nicolas Klein : Je ne suis pas moi-même un spécialiste du droit et des procédures judiciaires. Néanmoins, de tout ce que j’ai lu et pu constater ainsi qu’en vertu des témoignages d’experts que j’ai pu recueillir, rien ne laisse présager d’un procès truqué ou dont le verdict serait prédéfini.

Les seuls à soutenir cette thèse sont les séparatistes catalans eux-mêmes, qui ne peuvent toutefois apporter aucune preuve pour étayer leurs dires. Il est vrai qu’ils sont confortés dans leurs thèses par des « observateurs internationaux » qui suivent le projet jour après jour… mais lesdits observateurs sont en réalité membres de six associations sécessionnistes(Association catalane pour la Défense des Droits de l’Homme, Collectif Prague, Institut des Droits de l’Homme de Catalogne, Irídia, Novact et Observatoire du Système pénal et des Droits de l’Homme) dont les conclusions sont par conséquent plus qu’orientées…

Il faut être clair : dans la plupart des classements internationaux, l’Espagne est considérée comme une démocratie « pleine », où toutes les garanties et droits fondamentaux sont respectés. En 2018, l’indépendance de la justice espagnole, souvent remise en cause par les indépendantistes, s’est même sensiblement améliorée selon l’Union européenne. L’idée d’une Cour suprême aux ordres, outre le fait qu’elle n’est pas démontrée par des faits probants, est donc a priori invalide et elle-même peu indépendante à l’égard de certaines puissances politiques.

Photos : FM