07/08/2019

¿POR QUÉ OPTARON POR LA VIOLENCIA LOS LÍDERES SECESIONISTAS CATALANES EL 1/10/17?

1616CC28-74CF-4D6C-80FB-FEC36495BD25.jpeg*En Cataluña podía haber habido un referéndum legal para consultar sobre el deseo de los ciudadanos respecto a la autodeterminación. Y no sólo legal sino pacífico. Y no sólo pacífico sino incluso pagado por el Estado. No había necesidad de que los líderes catalanistas hubieran dispuesto de partidas económicas no presupuestadas (hecho que puede constituir delito de malversación de caudales públicos). Pero sobre todo, no había necesidad de ningún tipo de violencia. Siendo así, ¿por qué los líderes catalanistas decidieron y se esforzaron en que se provocaran cargas policiales el día 1 de octubre de 2017?

67CD2712-701F-4816-A8E6-E6B7253E6D7F.jpegLa Constitución española garantiza los derechos a todos los españoles. El principal de los partidos que lidera el grupo de los separatistas lo sabe muy bien porque votó y recomendó votar que sí a la aprobación de la Constitución. Se tata de lo que en aquel tiempo (1978) era La Coalición Convergència i Unió, (rota no hace mucho precisamente por el separatismo) uno de cuyos representantes, Miquel Roca Junyent es llamado Padre de la Constitución porque fue uno de sus redactores. Por tanto, jamás ha habido imposición de la Constitución a ese grupo político que ahora se queja de la Norma Fundamental.

Según la Constitución, las Comunidades Autónomas (ni Cataluña ni ninguna otra) no tienen competencia para convocar refrendos. Eso es competencia exclusiva del Estado. Por otro lado, el Estado no tiene competencia para convocar un referéndum vinculante para la segregación de una parte del territorio nacional. La Constitución española señala que la nación española es indisoluble e indivisible y señala también que las decisiones políticas de especial importancia pueden ser sometidas por el gobierno a referéndum CONSULTIVO de TODOS los ciudadanos.

17389001-8D04-4393-A3E9-75AC6EFD6A2A.jpegPor tanto, Cataluña no tiene competencia para convocar un referéndum y ni siquiera el Gobierno central tiene competencia para convocar un referéndum vinculante sobre la segregación de Cataluña en el que sólo voten los ciudadanos catalanes. Aunque quisiera, el Gobierno central no tiene competencia para decidirlo. Ello por tres razones diferentes. No puede hacerlo; ni por la segregación del territorio ni por el carácter vinculante ni por el hecho de que no participen a todos los ciudadanos.

Esto era y es algo absolutamente evidente, tanto para las instituciones catalanas como para el Gobierno central, tal como se puede constatar en la adenda legal que sigue a estas explicaciones. Y lo fue también, como no podía ser de otra manera, para el tribunal Constitucional y para la magistrada instructora e la causa penal, quien ordenó “impedir el referéndum sin alterar la convivencia” (fuente, entre otras, periódico ELDIARIO.ES, 1/10/2017).

3448B9C3-3E6D-408A-BBFF-E601E8C6DC45.jpegSin embargo, las autoridades catalanas podían perfectamente someter a debate en el Parlamento nacional, que para eso está, la posibilidad de convocar un referéndum consultivo a los españoles sobre la conveniencia de modificar la Constitución y otorgar el derecho de autodeterminación a Cataluña. Después de los debates podía resultar que se considerara por la mayoría del Parlamento que sí o que no. Pero eso se llama DEMOCRACIA. Eso significa someterse a la decisión de la mayoría en el Parlamento. Incluso fue precisamente ésta la vía legal seguida por el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, años atrás, el Sr Ibarretxe. Y no pasó nada. Ni causas penales ni cargas policiales ni fractura social. No pasó nada porque era perfectamente legal. Aún más. Era muy probable que dada la composición de fuerzas políticas del Parlamento en aquel tiempo, los separatistas catalanes hubiesen conseguido ese referéndum consultivo de todos los españoles. Habría bastado, entonces con fijarse en los resultados obtenidos en Cataluña y sólo con eso ya dispondrían de los datos que deseaban conocer.

F2F5DE0F-6522-40EA-8211-2F77B1B426C4.jpegPero no lo hicieron así porque eso implicaría partir de la base de que Cataluña era una Comunidad Autónoma de España y que por tanto sus instituciones son Estado español. PERO ESO ES LO QUE ERA Y LO QUE ES, POR VOLUNTAD TAMBIÉN DE LOS CATALANES. Sin embargo los líderes catalanistas prefirieron presentarse ante sus electores y ante el mundo como un Estado existente pero no reconocido y sometido a represión por España, pretendiéndose sólo una especie de reconocimiento internacional de algo preexistente (fuentes periódico el País, 9/6/17, Tribuna, “El referéndum que no figuraba en el Programa electoral “ y “Programa Electoral de Junts Pel Sí” de septiembre de 2015,). La monstruosidad de esa mentira puede apreciarla cualquiera que vaya a Cataluña y mire. Entonces se dará cuenta de quiénes son los sometidos, cuántos son. por quién lo son y cómo lo son.

No obstante esa evidencia y las prohibiciones que se dictaron en vía gubernamental y en vía judicial, (fuente, entre otras, periódico El Confidencial, 27/9/17, “La Jueza ordena impedir el uso de cualquier edifico Público para el 1-O”) las autoridades catalanas separatistas decidieron actuar en contra de la ley. Convocaron y llevaron a cabo un referéndum que no era permitido ni permisible, para el que no habían fondos legalmente asignados y respecto al cual se había anunciado la decisión de impedirlo y el envío de contingentes policiales a tal fin.

353161BF-75A7-46DB-9FDE-81BDCB170E2C.jpegEsto era conocido en Cataluña (fuentes periódico el Español, 15/9/17, “Traslado masivo de Policía y Guardia Civil a Cataluña para intentar parar el 1-O”; periódico El Confidencial 7/9/17, “Interior Moviliza a los Antidisturbios para Proteger los Edificios Públicos del Estado en Cataluña”). Ello hasta el punto que se prohibió la entrada del barco que iba a servir de precario alojamiento a los policías en puertos de titularidad autonómica y se les pusieron otras numerosas trabas, de manera que las fuerzas del orden se convirtieron casi en apátridas en su propio país. El estudio de esta innecesaria, inhumana e injusta humillación, por quienes se autopregonan paladines de la libertad y de los derechos humanos, será objeto de otro artículo.

1FB310C0-887E-46E7-9F55-AEC5A572B619.jpegUna vez conocido que llegarían a Cataluña fuerzas policiales para impedir el referéndum y fuerzas antidisturbios, los líderes separatistas instaron a la ciudadanía a disponerse como escudos humanos para evitar su actuación (fuentes, entre otras, periódico Vozpopópuli, 28/9/17; “La CUP Llama a Movilizarse ante los Colegios para Proteger las Urnas el 1-O”, periódico Libertad Digital, 28/9/18, “El presidente de la ANC (Asamblea Nacional Catalana) Llama a la Insumisión ante los Tribunales”; informativo Huffington Post, 26/9/17, “Los Payeses Catalanes Llaman a defender las urnas del 1-O con sus Tractores”; periódico OKdiario, 28/9/17 “La ANC (asamblea Nacional Catalana) quiere utilizar 25.000 voluntarios como escudos humanos para evitar que la Policía Retire las Urnas”. Resulta curioso cómo todos los titulares emplean el verbo “llamar” para relatar lo sucedido.
Tal estrategia de aparecer como víctimas para ganar apoyo internacional había sido ya anunciada con anterioridad por Oriol Junqueras. Existe documentación audiovisual que lo acredita.

672B6C32-A0D6-423F-AB28-982EFC82ACEF.jpegEsto significa dos cosas. Por un lado que quienes incitaron a oponerse a la actuación policial provocaban violencia y disturbios porque la policía y los antidisturbios tenían órdenes legítimas de llevar a cabo su cometido. Pero también significa, que, sin perjuicio de lo que puedan determinar las instancias judiciales, parece como si se hubiesen cometido delitos quizá desórdenes públicos cuando persiguen en bandada acometiendo a las fuerza policiales (ejemplo en Sant Carles Ràpita, https://www.youtube.com/watch?v=YavxVasqEmg; en Mont-roig https://www.youtube.com/watch?v=GJCk5EQK5ik), pero en todo caso de resistencia a agentes de la autoridad, para los que los incitadores serían inductores, como se detalla en la adenda legal.

Como se decía, la finalidad era provocar la imagen de una población sometida y vejada por la policía. Sin embargo, una vez provocada la violencia por los separatistas, el uso de la fuerza policial fue proporcionada. De ello hay constancia en imágenes en las que las fuerzas policiales se retiran, que no hacen nada a quien no impide su labor e incluso que un guardia civil ayuda a salir de la zona de conflicto a un niño que estaba en hombros de quien parece ser su padre en Sant Julià de Ramis (youtube; https://www.youtube.com/watch?v=Ts3CQ4emqDw). Los policías enjuiciados por denuncia de abuso policial han sido absueltos (fuentes Huffpost, 25/7/18, Lérida, en cuya sentencia se considera que, incluso, puede haber alguna responsabilidad del denunciante, por la Ley de Seguridad Ciudadana, Diari Més, 6/8/18 Lérida, Diari Més, l’Aldea, 18/9/18 etc).

A67EF200-078A-4C34-9E9F-0064FCF0DB51.pngPara conseguir el buscado fin de ofrecer una imagen de brutalidad policial se hizo referencia en los medios e comunicación a cientos de lesionados, de cuya existencia por abuso policial no hay ninguna constancia. Para acreditarlo hubiese bastado con exhibir los partes médicos pero no se ha hecho. Los antidisturbios actúan, cumpliendo órdenes y utilizando una fuerza proporcional a la situación, si no se obedecen las órdenes de la policía de desalojar un lugar o de deponer una actitud.

Al no haber constancia de abuso policial, se manipularon fotografías de otros incidentes de policías, lugares y hasta países diferentes, para que se atribuyera a los policías y guardias civiles intervinientes una actuación desproporcionada. Estas falsedades fueron detectadas por varios periodistas de diversos medios de comunicación, especialmente franceses. (fuente, Agencia EFE, París, 3/10/17 “Le Monde Alerta de la Difusión de Imágenes Falsas en Internet el 1-O”, El Periódico de Cataluña, 6/10/17, “El Órdago Independentista. Le Monde afea las Imágenes Trampososas del Referéndum”.

E9B64479-4242-4127-A117-D5845604343A.jpegEn definitiva, ¿por qué se pidió a los ciudadanos que actuaran como escudos humanos y que obstaculizaran la labor policial, sabiendo que actuarían los antidisturbios? ¿Por qué se utilizó a los ciudadanos como carne de cañón? ¿Sólo para exportar una imagen de ataque policial? Eso parece. Quienes lo decidieron sabrán la razón. En cualquier caso, cuando unos pocos años antes, el 15/6/11, se había impedido la entrada al Parlamento catalán por los llamados “Ciudadanos indignados” (fuente la Vanguardia 15/6/11), las autoridades catalanas no sólo ordenaron la actuación de los policías antidisturbios sino que incluso el Parlamento Catalán y la Generalidad se personaron como acusación particular en la causa penal contra los manifestantes, pidiendo para ellos 3 años de prisión (fuente La Vanguardia 3/6/13).

Si un padre envía a la guerra a un niño, hijo suyo; y el pequeño muere, quien lo ha matado no ha sido un soldado sino su padre. De la misma manera, quienes actuaron violentamente el 1 de octubre de 2017 fueron quienes enviaron a los ciudadanos a enfrentarse a la policía y quienes consintieron en hacerlo y lo hicieron.


ADENDA LEGAL


No caben refrendos para cuestiones no previstas en la Constitución.
- Art. 92.3 Const “Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución”.
- Los de decisiones políticas trascendentes son consultivos, no decisorios. Art 92.1 Const; “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”
- Art 6 L.O. 2/1980 de Referéndum; “El referéndum consultivo previsto en el artículo noventa y dos de la Constitución requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno. Dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta.”
La convocatoria de referéndum es competencia exclusiva del Estado. No la tienen las Comunidades Autónomas.
Art 149. 1 32. Const. “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: ... 32 - Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.”

La Constitución prohíbe la secesión
Art. 2 Const.; “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”

La oposición a la actuación policial es delito de resistencia a agentes de la autoridad.
Art. 556 Código penal
Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

Si la oposición a la policía es grave o hay acometimiento, es delito de atentado
Art. 550 Código penal
“1- Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.
2- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
3- No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial”

La actuación de agresión por una colectividad a las fuerzas del orden constituye delito de desórdenes públicos
Art. 557 Código penal
“1- Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión.
Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.
2- Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.”

La provocación seguida de resultado, es inducción
Art 18 Código penal
“La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.
Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea.
Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción.”

*Daniel, membre du Comité de Direction de Catalunya peuple d’Espagne (CPDE)

29/07/2019

Comprendre la tentative de coup d’État en Catalogne avec Teresa Freixes...

BC90372A-E940-4721-8CDC-7B810604C4B0.jpegPublié en espagnol sous le titre “Recordando las leyes del golpe”. Teresa Freixes. El Mundo, 16 juillet 2019.

Au mois de septembre 2017 nous avons assisté à ce que j’appelle les « Séances plénières de la honte » au Parlement de Catalogne. Les 6 et 7 septembre, sans respect pour le règlement intérieur du Parlement régional catalan, le Statut d’Autonomie [de la Catalogne], la Constitution espagnole et le Droit international, le rouleau compresseur sécessionniste du Parlement de Catalogne a approuvé lesdites Lois de déconnection. Tout cela cadre parfaitement avec la théorie de Kelsen sur le coup d’État, quand il affirme que celui-ci ne se produit pas toujours au moyen d’un soulèvement armé impliquant le recours à la force, mais qu’il peut aussi avoir lieu quand l’ordre juridico-constitutionnel est remplacé illégalement par un autre sans tenir compte des procédures établies. C’est ce qui s’est produit en Catalogne avec l’approbation de deux lois destinées à rompre avec l’ordre constitutionnel espagnol.

Ils ont commencé par une modification du règlement intérieur parlementaire qui avait pour but d’empêcher les partis de l’opposition non sécessionniste d’introduire des amendements ou de discuter le texte qui modifiait la procédure d’adoption des lois, violant ainsi ―comme la Cour constitutionnelle l’a constaté par la suite― les droits des députés, ceux-ci se trouvant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qui sont les leurs dans tout système démocratique.

Le 6 septembre 2017 fut approuvée la Loi du référendum d’autodétermination. Elle ne respectait pas les normes constitutionnelles et internationales. Le Droit international exige, et la Commission de Venise l’établit ainsi dans son Code de Bonnes Pratiques, que tout référendum soit prévu par la Constitution et qu’une loi soit édictée pour le réguler, au minimum un an avant sa tenue. Dans le cas qui nous occupe, un tel référendum n’est pas prévu par la Constitution, et la loi qui visait à le réguler, anticonstitutionnelle, fut approuvée quelques semaines seulement avant la réalisation de la consultation, qui eut lieu le 1er octobre de cette même année.

Il faut rappeler que le Droit international reconnaît le droit à l’autodétermination dans les processus de décolonisation et celui de sécession lorsqu’il s’agit de territoires dans lesquels vivent des minorités asservies, souffrant de graves violations des droits de l’homme. Aucun de ces deux cas n’est applicable à la Catalogne, comme cela a été affirmé par les Nations Unies elles-mêmes à plusieurs reprises. En outre, la Loi ne garantissait pas la neutralité des autorités convoquant le référendum, comme il est exigé dans ce genre de procédures mais, tout au contraire, le Gouvernement catalan fut totalement belligérant, allant jusqu’à faire pression sur ses fonctionnaires s’ils ne contribuaient pas à la réalisation du référendum illégal. La Loi ne prévoyait pas de recensement ni ne précisait la méthode de l’élaboration du registre électoral, ce qui est pourtant essentiel pour connaître qui sont exactement les titulaires du droit au vote et pour que les citoyens puissent vérifier que leurs données de recensement sont correctes. De plus, les bureaux de vote ne furent pas organisés avec les garanties nécessaires pour assurer la neutralité des élections.

La Loi prétendait déclarer unilatéralement une indépendance express par majorité simple des suffrages exprimés à sa faveur, quand la Commission de Venise, dans un avis rendu sur le Monténégro en 2005 et repris à propos de la Crimée en 2014, considère comme nécessaire que, lorsque les référendums touchent aux structures constitutionnelles d’un pays dans leur fondement, ils requièrent de larges majorités d’électeurs par rapport au recensement et de larges majorités de suffrages affirmatifs, car il s’agit de décisions qualitatives importantes.

Le 7 septembre 2017 fut votée, selon la même technique de la procédure express, la Loi de transition juridique et fondatrice de la république. Cette loi était conçue pour détruire l’ordre constitutionnel de 1978. Ils tentèrent avec cela de faire croire que par cette loi de transition, on passerait d’une loi à une autre loi, c’est-à-dire que la Constitution et les lois espagnoles cesseraient « légalement » de s’appliquer, ainsi que le Statut d’Autonomie de Catalogne lui-même, pour être remplacées tout aussi « légalement » par des lois catalanes.

Formellement, cette Loi de Transition disait que la Constitution, le Statut d’Autonomie et toute la législation qui pouvait être considéré comme contraire à celle qui découlait du nouveau régime, ne seraient plus applicables en Catalogne. Dans la perspective de la prochaine adoption d’une constitution catalane, il était également stipulé que, jusqu’à ce que celle-ci entre en vigueur, on appliquerait les dispositions qui, en matière de droits, existent dans la Constitution espagnole et le Statut d’Autonomie de Catalogne, à condition, bien entendu, qu’elles ne soient pas contraires à la nouvelle légalité catalane. En réalité, la soi-disant Loi sur la transition juridique n’est autre que l’installation de l’anticonstitutionnalité comme s’il s’agissait d’un régime légal.

L’attribution de la nationalité, institution juridique fondamentale dans la création de tout État, s’inspirait des règles des républiques baltes, qui ont causé tant de discriminations aux minorités qui n’étaient pas nationales du pays lorsque ces territoires proclamèrent leur indépendance. Cette Loi contient des règlements génériques qui ont besoin d’un certain développement pour aborder les critères concrets (pas uniquement filiation et résidence) qu’il faudrait remplir pour obtenir la nationalité catalane. On craint que ces critères ne se basent sur des principes suprémacistes, d’après ce qui est apparu dans les rapports du Conseil pour la Transition Nationale [organe qui apportait une assistance technique dans l’élaboration des normes de rupture avec l’Espagne]. Soit dit en passant, ils oublient qu’aucun État ne peut attribuer de façon unilatérale la double nationalité sans l’accord du pays correspondant.

L’intégration des fonctionnaires était régulée suivant la même technique : on édicte des orientations générales dans cette loi, et on laisse tout le reste dans le flou pour un développement ultérieur, en promettant la fidélité à ces principes dans le nouveau régime. Sur le plan fiscal, la Generalitat de Catalogne devenait la seule administration habilitée à percevoir les impôts, rompant avec le système fiscal espagnol.

À propos des organes politiques, il était établi un règlement à l’usage des principales institutions, sur un modèle parlementaire : président/e de la Generalitat comme chef de l’État, Gouvernement et Parlement, avec la particularité d’intégrer le Syndicat électoral (président d’une espèce de conseil électoral) au sein du Parlement lui-même, avec le statut de vice-président, rompant ainsi avec la nécessaire indépendance fonctionnelle de cet organe de contrôle. Aucune Cour Constitutionnelle n’était prévue.

Ils prétendaient également s’assurer le contrôle du pouvoir judiciaire, en transformant en Cour Suprême la Haute Cour de Justice de Catalogne, avec un président nommé par le Président de la Generalitat et un procureur nommé par le Parlement. La Loi prévoyait aussi l’amnistie pour tous ceux qui avaient été poursuivis, jugés ou condamnés pour des faits en rapport avec le processus d’indépendance de la Catalogne, même en cas de condamnation définitive.

Comme il s’agissait d’une loi transitoire, elle mettait en place une assemblée constituante bolivarienne, précédée d’un processus participatif dont le résultat engagerait les députés constituants. La Constitution devait être ratifiée par un référendum pour lequel n’était établi ni taux minimum de participation, ni pourcentage requis de bulletins affirmatifs. Dans cette Loi était créé un Syndicat électoral, équivalent à un Bureau électoral, ayant en charge de contrôler tous les événements électoraux : élections, référendums, consultations, etc. Et tout cela fut mis en branle, avec l’aide de personnes proches de la majorité parlementaire sécessionniste (qui démissionnèrent ensuite à cause des sanctions économiques auxquelles elles furent soumises).

C’est ainsi qu’on arriva à la consultation controversée du 1er octobre et à la proclamation d’indépendance par le Parlement de Catalogne, puis à l’application de l’article 155 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a décidé de suspendre les lois catalanes, puis les a déclarées définitivement inconstitutionnelles et, par conséquent, nulles et non avenues.

Malgré cela, les autorités sécessionnistes insistèrent sur la mise à exécution des mesures conduisant à l’indépendance. Certaines de ces personnes ont fui la justice, et d’autres font actuellement l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour suprême, l’Audience Nationale et plusieurs tribunaux, selon l’implication et le statut juridique de chacune d’entre elles. Suite à un procès qui a été retransmis à la télévision et a eu une grande répercussion médiatique, nous sommes maintenant dans l’attende de la décision de la Cour suprême et de l’évolution du reste de la procédure.

Teresa Freixes est professeure de Droit Constitutionnel, titulaire d’une chaire Jean Monnet ad personam et Secrétaire générale de l’Académie Royale Européenne de Docteurs.

02/06/2019

Autonomie catalane, des luttes politiques aux conséquences économiques incertaines !

240FB9DA-3356-4335-9991-3AC7165F5626.jpegExclusif, avec le professeur Nicolas Klein, comprendre les dernières élections catalanes.
 
FM : Les 28 avril et le 26 mai, il y a eu des élections en Espagne et en particulier dans l’autonomie catalane. Pour nombre d’observateurs, elles ont été importantes pour mesurer le sentiment vis-à-vis du courant séparatiste dans la péninsule. Qu’en pensez-vous ?

Nicolas Klein : Ces élections ont en effet eu leur importance dans le domaine car elles sont les premières à se dérouler depuis le début du procès d’une dizaine d’anciens dirigeants indépendantistes, en février 2019, et doivent également permettre d’établir les soutiens au futur gouvernement socialiste de Pedro Sánchez au niveau national. Or, un tel soutien passera (malheureusement) peut-être par les deux principales formations sécessionnistes catalanes, la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) et le Parti démocrate européen de Catalogne (PDeCAT).

Il faut toutefois se garder de faire du dernier scrutin (celui du 26 mai) un indicateur trop clair. Les Espagnols en général et les Catalans en particulier ont tendance à voter différemment selon la nature et le périmètre des enjeux. En Catalogne, il me semble que le scrutin national et le scrutin régional sont les deux événements majeurs à vraiment prendre en compte (plus que les municipales ou les européennes). Et dans ces deux premiers cas, le sentiment « unioniste » ou l’idée que c’est à Madrid que la politique se joue dominent largement.

D59E031C-95FA-4D78-AEA0-93384EE32D31.jpegFM : Votre état des lieux ?

Nicolas Klein : Les élections municipales et européennes du 26 mai dernier devaient, pour l’essentiel, mesurer l’état des forces au sein même du monde séparatiste catalan. En d’autres termes, elles devaient permettre de répondre à la question suivante : qui, d’Oriol Junqueras ou de Carles Puigdemont, dominera l’univers indépendantiste ? Quelle formation (l’ERC ou le PDeCAT) l’emportera sur l’autre ?

Une fois de plus, le choix des électeurs n’a pas été univoque. D’un côté, la Gauche républicaine de Catalogne semble l’avoir emporté au niveau municipal avec 23,5 % des suffrages exprimés environ sur toute la communauté autonome. Toutefois, le parti de Carles Puigdemont et Quim Torra est parvenu à se maintenir dans un certain nombre de ses fiefs. De plus, ce sont surtout les socialistes catalans qui ont réussi à se renforcer dans différentes municipalités.

De l’autre côté, aux élections européennes, la coalition Ahora Repúblicas (qui regroupe l’ERC et diverses formations indépendantistes basques et galiciennes, notamment) est arrivée devant Libres pour l’Europe (alliance dont le noyau dur est le PDeCAT). La première a ainsi emporté 1,2 million de voix environ (soit 3 sièges sur les 54 dont l’Espagne dispose au Parlement européen) tandis que la seconde a obtenu 1 million de bulletins approximativement (soit 2 élus).

Il semble donc que la guerre que se livrent Junqueras et Puigdemont à distance ne soit pas terminée.

533CF2D3-A235-4492-97DC-3BF76197EA39.jpegFM : Comment expliquer que la mairie de Barcelone échappe, une nouvelle fois, aux formations clairement affichées pour l’unité de l’Espagne ?

Nicolas Klein : Comme dans beaucoup d’autres municipalités, la mairie de Barcelone affiche une forte fragmentation électorale. La coalition menée par Ernest Maragall, de l’ERC, arrive en tête de très peu (environ 5 000 voix) devant Barcelone en Commun, la plateforme de la maire sortante, Ada Colau, soutenue par Podemos. Toutes deux ont obtenu 10 sièges sur les 42 que comptent le Conseil municipal de la capitale catalane.

Derrière eux, l’on retrouve le Parti des Socialistes catalans (PSC) de Jaume Collboni, qui multiplie son nombre d’élus par deux (de 4 à 8 sièges). Suivent Manuel Valls (soutenu par Citoyens) avec 6 sièges, le PDeCAT (qui s’effondre en passant de 10 à 5 sièges) et le Parti populaire, qui limite la casse avec 2 représentants contre 3 aux élections municipales de 2015.

Une question se pose désormais : comment parvenir à la majorité absolue (21 sièges) ? Comme dans toutes les autres municipalités espagnoles, si un accord n’est pas trouvé d’ici à la mi-juin, la liste arrivée en tête (celle de l’ERC, donc), gouvernera automatiquement… mais en minorité. De nombreux enjeux (la lutte entre indépendantisme et « unionisme », la lutte entre gauche et droite, la lutte au sein de la gauche et de la droite, la lutte au sein même du sécessionnisme) se croisent et s’enchevêtrent à Barcelone.

Va-t-on vers une alliance tripartite « de gauche » entre l’ERC, Barcelone en Commun et les socialistes ? Ou vers une coalition menée par Ada Colau et Jaume Collboni avec le soutien ponctuel de Manuel Valls ?

Les indépendantistes pourraient gouverner la plus grande ville de Catalogne même si ce n’est pas certain du tout. Par ailleurs, quand bien même ils y parviendraient, ils ont encore perdu des plumes dans ce scrutin. En 2015, ils représentaient 18 sièges sur 41. Aujourd’hui, ils n’en sont plus qu’à 15 élus. Et dans la ceinture métropolitaine de Barcelone (traditionnellement « unioniste »), la situation est encore plus catastrophique pour eux puisque le PDeCAT y a beaucoup souffert, notamment au profit du PSC.

9C91E217-3700-430C-89C1-522CD9565C9F.jpegFM : Votre vision pour l’autonomie catalane ?

Nicolas Klein : Il est difficile, à ce stade, de faire des prévisions fiables et solides. Notons cependant qu’en ce début de mois de juin se tenait dans la station balnéaire de Sitges la réunion annuelle du Cercle de l’Économie, organisation patronale catalane qui invite tous les ans les dirigeants régionaux et nationaux à exprimer en public leur vision de l’économie à court, moyen et long terme.

D’un côté, les grands patrons réunis sur place ont demandé au président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, de s’orienter vers plus d’autonomie pour la Catalogne – un désir auquel il n’a pas formellement répondu, préférant pour le moment se montrer prudent pour des raisons électorales. De l’autre, ces mêmes entrepreneurs n’ont pas caché leur pessimisme concernant l’évolution économique de la Catalogne et ont mis en scène leur rupture totale avec le président de la Généralité, Quim Torra.

Affaire à suivre, donc…